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Fray Juan de Zumárraga: la voz que denunció los abusos y defendió a los indígenas en la Nueva España

En colaboración de María Emilia Zuchelli

En el turbulento contexto de la conquista española de Mesoamérica, Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, destacó no sólo por su papel religioso sino por su firme defensa de los pueblos originarios.

Nombrado obispo por el rey Carlos V, llegó a la Nueva España en 1528 y pronto constató las graves injusticias cometidas por las autoridades coloniales, especialmente durante el gobierno de la Primera Audiencia.

Aquella Primera Audiencia, presidida por Nuño de Guzmán, imponía tributos excesivos, practicaba la esclavización de indígenas y ejercía violencia sistemática en distintas regiones del territorio.

Desde su llegada, Zumárraga asumió funciones activas en la defensa de los indígenas, papel por el cual sería reconocido como protector de los naturales. Su autoridad moral y episcopal lo llevó a enfrentarse con los oidores cuando consideró que sus prácticas contravenían tanto la legislación de la Corona como los principios cristianos que debían regir la evangelización.

Para dar cuenta directa de estas situaciones, el obispo decidió escribir una carta al secretario del rey, Francisco de los Cobos. En ella expuso con detalle la crudeza de los hechos y solicitó medidas urgentes para proteger a los habitantes nativos. En ella, fechada el 27 de agosto de 1529, se relata cómo los indígenas eran transportados “cargados como acémilas y aun sin darles de comer; padecen daños y aun mueren por los caminos”, describiendo con precisión las condiciones de explotación y maltrato que enfrentaban bajo la autoridad de los oidores y otros funcionarios civiles.

Zumárraga no se limitó a formular una queja moral: en la misma carta solicitó la remoción de los responsables y propuso medidas concretas para garantizar un trato más justo y humano. Este documento constituye uno de los testimonios más importantes de denuncia formal contra los abusos en el periodo temprano de la Nueva España.

Pero no todo fue tan fácil, el envío de la carta enfrentó grandes obstáculos. La Primera Audiencia vigilaba y controlaba las comunicaciones para evitar que las denuncias llegaran a la Corte. Diversos estudios históricos señalan que el obispo recurrió a medios discretos para asegurar que su misiva pudiera cruzar el Atlántico sin ser interceptada.

En ese clima de confrontación institucional, las tensiones fueron profundas. Algunas crónicas posteriores y relatos de carácter más hagiográfico sugieren que Zumárraga habría recibido amenazas debido a sus denuncias. Sin embargo, no se conservan pruebas documentales directas que acrediten intentos formales de asesinato contra su persona. Lo que sí puede afirmarse con fundamento histórico es que su posición lo colocó en un escenario de fuerte enemistad política y de riesgo personal dentro de un contexto altamente conflictivo.

A pesar de las resistencias, la carta llegó finalmente a manos de las autoridades en España y formó parte del conjunto de denuncias que, en años posteriores, contribuirían al clima reformista que desembocó en disposiciones como las Leyes Nuevas de 1542, orientadas a reforzar la protección legal de los indígenas frente a abusos coloniales.

La actuación de Zumárraga no se limitó a este episodio. Su labor incluyó el impulso de jueces defensores en regiones como Huejotzingo y Cholula, así como iniciativas educativas relevantes, entre ellas la fundación del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, destinado a la formación de jóvenes indígenas y considerado una de las primeras instituciones de educación superior en el continente americano.

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